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La Junta de Personal exige mejores condiciones con el Programa Escuela 2.0

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Los docentes valoran su implantación pero rechazan las formas.
 

La Junta de Personal Docente no Universitario de la Provincia de Huesca, después de muy avanzado el proceso de implantación del programa Escuela 2.0 en los centros educativos altoaragoneses, ha querido pronunciarse sobre el proceso y condiciones que ha seguido la Administración educativa y sugerirle varias mejoras que vinculan con la mejora de las condiciones laborales de los profesores.

La incorporación de las TIC en el aula, señalan en un manifiesto, "es una necesidad en nuestros días, y como docentes la valoramos de forma positiva, pero siempre y cuando no se las considere como la única metodología y forma de trabajo de nuestra actividad docente, sino entendida como unas nuevas herramientas de trabajo más a tener en cuenta".

Insisten en que el propio docente es que el que decide cómo, cuándo y con qué propósito pedagógico utilizarlas, aunque él es el experto en metodología y no en la administración, con lo que reflexionan sobre la base del programa, si persigue fines pedagógicos o "informes competentes que sostengan o avalen su implantación en los centros", si se consulta a los órganos docentes y miembros afectados o si se valoran los riesgos o diseñan mecanismos de previsión de errores.

En la circular enviada a los centros por el departamento de Educación para presentar y confirmar la participación en el programa Escuela 2.0, se cita literalmente que "se trata de un proyecto que forzosamente ha de desarrollarse en estrecha colaboración entre el Ministerio de Educación, las Comunidades Autónomas, empresas tecnológicas informáticas y de comunicación, entidades financieras, editoriales, y empresas de software educativo y las propias familias", proceso en el que no se menciona a los docentes.

Por lo ya mencionado, la Junta de Personal Docente rechaza las formas, proceso y modo de implantación del programa, sin una previa evaluación por parte del personal docente, que será quien finalmente vaya a desarrollarlo. "Entendemos que no se ha negociado, ni siquiera dado lugar a cuestionar, el propio fin del programa" y que el "único ofrecimiento" ha sido "un mero trámite" de gestionar en los centros cuándo acogerse al programa, pero, lamentan, "no dejando margen de decisión en los centros". Esta implantación, resaltan, está violando la autonomía de los centros, avalada por la Ley Orgánica de Educación, y recogida en el Proyecto Educativo de Centro y la Ley de Gestión de Centros.

Más información en:

 

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