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¿Somos responsables los profesores del sistema educativo que tenemos?

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En estas tres últimas décadas, los cambios en el sistema educativo español han sido más importantes que en el resto de su historia, y esa perspectiva toma solidez desde el análisis comparado con otros países del entorno cuando observamos que una de las causas que hace sucumbir a la Segunda República es la "guerra de las aulas" y que antes de ayer éramos una dictadura.
 
Los años 80 se caracterizaron por la normalización y la extensión del derecho a la educación; los 90 por la mejora; y esta última década, dejando a un lado logros conseguido en las anteriores, el objetivo de la clase política y mediática ha sido estar los primeros de un ranking (PISA) sin saber por qué, para qué y sobre todo cómo. Mientras, las cifras de fracaso y abandono escolar son escalofriantes, a pesar de que los datos apuntan mínima mejoría que una no sabe si es más por el esfuerzo del analista que por la realidad que contempla.

La responsabilidad puede ser una herramienta cargada de futuro si somos conscientes de los objetivos y funciones que hay que cumplir y de los recursos a implementar: Cuestiones que nunca han tenido claras los legisladores educativos, y, como consecuencia, la tarea de los profesores aparece difuminada, diluyendo su capacidad profesional, germen de lo que hoy denominamos "competencia profesional". 

Por ejemplo, hoy un profesor de secundaria de instituciones privadas, concertadas o públicas tiene que hacer de todo: limpiar, colocar aulas, mantener ordenadores, vigilar pasillos, gestionar citas institucionales, mediar la relación adolescentes-padres, etc. Son tareas nobles y por lo tanto es digno desarrollarlas, pero una cosa es por actitud y de vez en cuando; y otra muy diferente, convertirlas en parte de la dedicación docente habitual: La profesionalización exige límites (traducidos en derechos y obligaciones contractuales) y la profesión docente no los tiene. De ahí, la falta de perspectiva política educativa legislador, y del desprestigio social docente: ¿No será mejor pagar un salario de ordenanza (si son tareas propias de esa dedicación) que retribuir salarialmente a un profesor que es mucho más caro y contribuye a la dispersión de su trabajo? Hay dos cuestiones opacas hacia la sociedad que la clase política tiene la obligación de aclarar en los medios de comunicación: la estructura salarial y la dedicación del tiempo docente (tiempo que duplica el de permanencia en el centro educativo, por lo menos). Por otro lado y de manera mimética, los profesores hemos ido aceptando una serie de condicionamientos para parchear los agujeros del sistema como hace un ama de casa abnegada, sin advertir las consecuencias. 

Efectivamente somos responsables de esa abnegación irreflexiva, de haber hecho de la discreción un vicio, de la aceptación de prebendas corporativistas que nos han ido hundiendo en el océano de la manipulación político-mediática, y sobre todo somos responsables de falta de movilización social ante problemas de fondo que la educación como servicio público al ciudadano viene arrastrando, pero estamos a tiempo y parece este el momento.

La ventaja de la transferencia de competencias educativas del gobierno central al autonómico (inconvenientes han habido muchos) es que con el paso del tiempo el análisis comparado entre regiones ofrece perspectiva de conocimiento. Hoy, en la Comunidad de Madrid, existen tres cuestiones clave (no las únicas) que definen las carencias de un sistema en crisis que está ahogando la educación pública: La gestión de los centros escolares, la selección de profesores, y la formación del docente.

La gestión de los centros escolares: Como consecuencia de los Pactos de la Moncloa, en la peor crisis económica que ha vivido nuestro país en la segunda mitad de siglo XX, y durante los cursos 1980-1981-1982-1983-1984, Madrid casi triplicó sus centros escolares, porque los necesitábamos de manera urgente, el problema fue cómo lo hizo. El Ministerio de Educación construyó colegios e institutos a bajo coste: desde el punto de vista estético la apariencia era buena, pero las instalaciones de luz, calefacción, aislamiento, etc. un absoluto desastre. Desde esos años hasta hoy, del presupuesto asignado a los centros escolares, de un 60 a un 85% (dependiendo de los casos) va a parar al saco roto del "mantenimiento". Por lo menos esto nos lleva a tres preguntas: ¿Qué proporción de gasto es la partida salarial de los docentes? ¿Cómo se distribuye el gasto en educación? ¿Por qué no se ponen medidas económicas de restructuración en aquellos centros que lleven más de tres años seguidos gastando más del 50% en la mejora de las instalaciones?. Si los fondos que llegan a los centros se dedican al mantenimiento no va a parar al desarrollo didáctico (nuevas tecnologías, actividades extraescolares, talleres de integración, etc). De ahí, el descabezamiento de los centros escolares de la Comunidad de Madrid, la protesta continuada de sus cargos directivos, y la aceptación del cargo de Director de manera impuesta por el Servicio de Inspección, en muchos de ellos. No es un problema de aumento de gasto, es mucho más complejo: hay que reorganizar la asignación de las partidas de otra manera y solucionar los problemas de carácter estructural. En este apartado la movilización social del profesor ha sido mínima hasta la fecha.

Autora: Carmen Jaulín. Doctora en Ciencias Políticas y Sociología.
 
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